Este servicio consiste en asesorar y representar a personas o empresas que hayan sido objeto de un proceso de cobro coactivo por parte de entidades públicas, tales como alcaldías, gobernaciones, y ministerios, entre otras.
En desarrollo de este servicio se trabaja en la defensa de los derechos de los clientes, buscando la impugnación de los actos administrativos que hayan dado lugar a la presunta deuda objeto del proceso de cobro coactivo y la revisión de la legalidad y procedimiento del mismo.
