Este servicio se enfoca en la defensa de servidores públicos, particulares y contratistas que enfrentan cargos criminales relacionados con los delitos contra la administración pública tales como la corrupción, el abuso de poder, la concusión y la malversación de fondos públicos.
Este servicio incluye la elaboración de la mejor estrategia defensiva para proteger los derechos de sus clientes enfocados en demostrar la inocencia o minimizar la posible sanción penal, identificando pruebas favorables, asegurando que se respeten las garantías procesales.
