Derecho administrativo sancionador: Spinoza, razón y límites del poder estatal
Ricardo Arturo Arias Beltrán
Abogado, magíster en Derecho y especialista en Derecho Administrativo y Ciencia Política.
Publicación académica: Repertorio Boyacense, Academia Boyacense de Historia, año CIV, número 369, primer semestre de 2026, páginas 133–148.
Derecho administrativo sancionador y filosofía de Baruch Spinoza
El derecho administrativo sancionador colombiano enfrenta uno de los desafíos más relevantes del Estado constitucional contemporáneo: conciliar la eficacia de la potestad sancionadora de la administración pública con la protección efectiva de los derechos y garantías de los administrados.
¿Puede el pensamiento filosófico de Baruch Spinoza, desarrollado en el siglo XVII, ofrecer respuestas a los problemas actuales de la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso y la arbitrariedad administrativa?
Esta pregunta constituye el punto de partida de mi artículo académico «Razón geométrica y sanción racional: la herencia de Baruch Spinoza y su influencia en el derecho administrativo sancionador colombiano», publicado en Repertorio Boyacense, órgano oficial de difusión de la Academia Boyacense de Historia.
La investigación propone una aproximación interdisciplinaria entre la filosofía racionalista y el derecho público colombiano, con el propósito de examinar los fundamentos y límites del ejercicio de la potestad sancionadora estatal.
Su tesis central sostiene que la legitimidad de una sanción administrativa no deriva exclusivamente de la competencia de la autoridad que la impone, sino también de la racionalidad de sus fundamentos, la necesidad de la medida y la observancia material de las garantías constitucionales.
Baruch Spinoza y los fundamentos racionales del derecho
Baruch Spinoza (1632-1677), uno de los representantes más influyentes del racionalismo moderno, desarrolló una concepción filosófica según la cual la libertad humana no consiste simplemente en actuar sin restricciones, sino en comprender racionalmente las causas y necesidades que determinan la existencia y la conducta.
En su obra Ética demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente en 1677, Spinoza articuló una reflexión sistemática sobre la naturaleza, la razón, la libertad, las pasiones y la conducta humana.
El artículo examina las raíces intelectuales de su pensamiento, particularmente la influencia de René Descartes y Johannes de Raey, así como las circunstancias históricas que marcaron su defensa de la independencia intelectual frente al dogmatismo y la intolerancia.
Desde una perspectiva jurídica, esta concepción filosófica ofrece elementos para reconsiderar el fundamento del poder administrativo.
En efecto, una autoridad pública no puede encontrar la justificación de sus decisiones únicamente en su posición institucional o en la fuerza de sus competencias. Debe explicar por qué actúa, cuáles son las razones jurídicas que sustentan su intervención y de qué manera sus decisiones resultan compatibles con el orden constitucional.
Esta exigencia adquiere especial importancia cuando el Estado ejerce facultades sancionatorias capaces de afectar los derechos e intereses de los ciudadanos.
Determinismo, conatus y libertad racional: tres conceptos esenciales
La investigación identifica tres categorías centrales del pensamiento de Spinoza que pueden aportar elementos a la comprensión contemporánea del derecho administrativo sancionador.
El determinismo y el principio de legalidad
El determinismo spinozista parte de la idea de que los acontecimientos responden a causas y no al azar.
Trasladada al ámbito jurídico como herramienta de reflexión filosófica, esta concepción permite reivindicar la exigencia de que toda sanción administrativa encuentre fundamento en hechos acreditados, disposiciones jurídicas aplicables y una motivación suficientemente razonada.
El principio de legalidad impide que el ejercicio de la potestad sancionadora dependa de preferencias personales, impulsos coyunturales o decisiones arbitrarias.
La autoridad administrativa debe identificar la conducta investigada, establecer su relevancia jurídica y justificar la consecuencia sancionatoria dentro de los límites del ordenamiento.
En este sentido, la racionalidad constituye una condición indispensable para que la decisión estatal pueda ser comprendida, controvertida y sometida al correspondiente control jurídico.
El conatus y la función protectora del Estado
El concepto de conatus expresa, en la filosofía de Spinoza, el esfuerzo de cada ser por perseverar en su existencia.
Desde una interpretación jurídico-filosófica, esta categoría permite reflexionar sobre la finalidad protectora del Estado y la necesidad de preservar las condiciones de convivencia que justifican su existencia institucional.
La potestad sancionadora no debería comprenderse como una facultad de castigar por castigar, sino como un instrumento jurídico al servicio de la protección del ordenamiento, los derechos y el interés general.
Esta aproximación resulta compatible con una concepción del derecho sancionador orientada por la necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de las decisiones administrativas.
La libertad racional y la legitimidad de las sanciones
Para Spinoza, la libertad encuentra su expresión más profunda en la comprensión racional de la necesidad.
En el ámbito del derecho administrativo sancionador, esta idea invita a examinar la importancia de que las normas y decisiones estatales sean suficientemente claras, previsibles y comprensibles para sus destinatarios.
Una sanción no se legitima por la mera invocación de la autoridad. Su legitimidad exige una justificación jurídica capaz de explicar la conducta reprochada y las razones que sustentan la respuesta estatal.
Por ello, la motivación de los actos administrativos constituye una garantía esencial frente al ejercicio arbitrario del poder público.
El derecho administrativo sancionador en Colombia: legalidad, proporcionalidad y debido proceso
El derecho administrativo sancionador colombiano encuentra sus fundamentos en la Constitución Política de 1991 y en el desarrollo normativo y jurisprudencial de las garantías que limitan el ejercicio de las potestades públicas.
Los artículos 6, 29, 121 y 123 de la Constitución establecen referentes fundamentales para examinar la responsabilidad de los servidores públicos, el debido proceso, la competencia de las autoridades y la sujeción de la función pública al ordenamiento jurídico.
A su vez, la Ley 1437 de 2011, que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece reglas y garantías aplicables a las actuaciones administrativas, incluido el procedimiento administrativo sancionatorio.
La Ley 1474 de 2011 contempla, igualmente, disposiciones relevantes en materia de responsabilidad y potestades sancionatorias, entre ellas las relacionadas con el procedimiento para la imposición de sanciones contractuales.
Sin embargo, la investigación advierte que el reconocimiento formal de las garantías constitucionales no elimina los riesgos derivados de su aplicación deficiente.
La dispersión normativa, la insuficiente motivación de algunas decisiones, la presión mediática y la utilización instrumental del poder sancionador representan desafíos para la legitimidad de la actuación administrativa.
En este escenario, los principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y motivación adquieren una dimensión sustancial.
No basta con agotar formalmente las etapas de una actuación. Es indispensable que la decisión administrativa constituya el resultado de una valoración racional, objetiva y jurídicamente fundada.
La motivación de las sanciones administrativas como garantía contra la arbitrariedad
Uno de los planteamientos centrales del trabajo consiste en destacar la relación entre el método geométrico de Spinoza y la exigencia de motivación racional de los actos administrativos sancionatorios.
En la obra del filósofo neerlandés, el pensamiento se desarrolla mediante una estructura rigurosa de definiciones, axiomas y proposiciones, orientada a la coherencia de sus conclusiones.
Aunque este método filosófico no constituye una técnica procesal directamente trasladable al derecho colombiano, ofrece una analogía relevante para comprender la necesidad de decisiones administrativas sistemáticas y debidamente fundamentadas.
Una sanción legítima debe encontrar correspondencia entre los hechos acreditados, las normas aplicables, el razonamiento jurídico y la consecuencia adoptada.
La motivación administrativa no puede reducirse a un formalismo retórico destinado a justificar una determinación previamente asumida.
Por el contrario, debe hacer explícitas las razones por las cuales una conducta resulta jurídicamente reprochable y por qué la medida impuesta resulta procedente dentro del marco normativo correspondiente.
Desde esta perspectiva, la razón opera como un límite frente a la arbitrariedad y como una garantía de legitimidad institucional.
Cuatro propuestas para fortalecer el derecho administrativo sancionador colombiano
El artículo formula cuatro líneas de reflexión y fortalecimiento institucional inspiradas en las categorías filosóficas estudiadas.
1. Claridad normativa y seguridad jurídica
Se propone promover una legislación sancionatoria más clara, sistemática y comprensible.
La dispersión normativa y la acumulación de disposiciones poco articuladas dificultan la identificación de las conductas sancionables y de sus consecuencias jurídicas.
Una regulación clara contribuye a la previsibilidad de la actuación administrativa, fortalece el principio de legalidad y reduce los espacios de arbitrariedad.
2. Motivación racional y proporcionalidad de las sanciones
Se plantea reforzar la exigencia de motivación rigurosa de los actos administrativos sancionatorios.
La autoridad debe explicar las razones que sustentan su decisión, valorar los elementos probatorios pertinentes y justificar la medida dentro del marco de proporcionalidad aplicable.
La claridad argumentativa permite que los administrados comprendan las decisiones que los afectan y ejerzan de manera efectiva sus derechos de defensa y contradicción.
3. Educación jurídica ciudadana
La investigación propone fortalecer los mecanismos de formación y divulgación jurídica dirigidos a los ciudadanos.
El conocimiento del ordenamiento permite comprender que la legitimidad de las instituciones no depende exclusivamente de su capacidad de imponer consecuencias jurídicas, sino también de la racionalidad y justificación de sus actuaciones.
Una ciudadanía que comprende las reglas y garantías del derecho administrativo dispone de mejores herramientas para ejercer sus derechos y participar en el control democrático del poder público.
4. Formación ética de los servidores públicos
Finalmente, se destaca la importancia de consolidar una cultura de responsabilidad ética en quienes ejercen funciones sancionadoras.
La imparcialidad, la prudencia, la serenidad y la transparencia deben orientar la toma de decisiones administrativas.
La autoridad sancionadora no puede quedar subordinada a las pasiones, los intereses particulares o las presiones externas.
El ejercicio legítimo del poder exige funcionarios capaces de actuar con independencia de criterio y estricta sujeción al ordenamiento jurídico.
La razón como fundamento de la legitimidad del Estado
El principal aporte de esta investigación consiste en plantear que el pensamiento de Baruch Spinoza conserva relevancia para los debates contemporáneos sobre los límites del poder estatal.
Lejos de constituir una reflexión exclusivamente histórica, su filosofía permite examinar críticamente la relación entre autoridad, racionalidad, libertad y justicia.
En el contexto colombiano, donde el derecho administrativo sancionador se enfrenta constantemente a tensiones entre eficacia institucional y garantías fundamentales, la exigencia de racionalidad adquiere especial significado.
Un Estado constitucional no fortalece su autoridad mediante la imposición irreflexiva de sanciones, sino a través de decisiones jurídicamente fundadas, proporcionales, transparentes y respetuosas de los derechos de los administrados.
La razón no debilita el ejercicio legítimo del poder: establece las condiciones bajo las cuales ese poder puede ejercerse sin convertirse en arbitrariedad.
La legitimidad de la potestad sancionadora comienza allí donde la autoridad sustituye la imposición injustificada por la fuerza de los argumentos y la coherencia del derecho.
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El artículo «Razón geométrica y sanción racional: la herencia de Baruch Spinoza y su influencia en el derecho administrativo sancionador colombiano» fue publicado en Repertorio Boyacense, órgano oficial de difusión de la Academia Boyacense de Historia, en su edición número 369, correspondiente al primer semestre de 2026.
La investigación desarrolla con mayor amplitud sus fundamentos filosóficos, el análisis constitucional y jurisprudencial y las propuestas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora administrativa en Colombia.
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Referencia bibliográfica en formato APA
Arias Beltrán, R. A. (2026). Razón geométrica y sanción racional: La herencia de Baruch Spinoza y su influencia en el derecho administrativo sancionador colombiano. Repertorio Boyacense, (369), 133–148.
Academia Boyacense de Historia
Año CIV — Número 369 — Primer semestre de 2026
ISSN 0034-4605
Esta publicación en JurisQualitas constituye una reseña de divulgación académica. La versión científica íntegra corresponde al artículo publicado en Repertorio Boyacense.
